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La respuesta de Barcelona a los delitos de odio y las discriminaciones

Delictes d'odi barcelona

Según datos de la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales (2017), 9 de cada 10 personas que han sufrido agresiones en Europa por motivos de odio o discriminación no denuncian los hechos. En muchos casos, las personas víctimas de delitos de odio y de discriminación no se sienten como tal, no saben que pueden denunciarlo o no se atreven a hacerlo por falta de confianza en las administraciones o los cuerpos policiales. Las que denuncian - cuando lo hacen - sienten que se enfrentan a un elevado coste personal por el hecho de volver a contar y revivir la agresión y a menudo se sienten poco acogidas o incluso desacreditadas por las autoridades.

Estos son algunos datos que se extraen de un estudio elaborado por Spora Sinergias e impulsado por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña (IDHC) que analiza la situación de los servicios que ofrecen entidades y administraciones públicas de Barcelona, ​​investiga cuáles son los obstáculos y necesidades existentes y propone estrategias hacer para ofrecer una mejor respuesta.

Uno de los resultados del estudio es la creación del primer catálogo de 37 organizaciones que atienden a personas víctimas de delitos de odio en la ciudad de Barcelona. 

¿Cómo son los servicios?

Las organizaciones y servicios encuestados atendiendo mayoritariamente a personas en situación de pobreza y exclusión social (40,5%), seguido de las que sufren problemas de salud mental (31%), mujeres (28,6%), personas recién llegadas (26, 2%) y colectivos LGTBQI (21,4%). A pesar de que todas las entidades y servicios analizados intervienen sobre los delitos de odio, sólo un tercio manifiesta que ésta es su tarea principal, el 42,9% manifiesta que esta no es su función, y para 26,2% no es la prioritaria.

Es necesario avanzar hacia la profesionalización y la coordinación

En Barcelona todavía hay camino por recorrer en la profesionalización y la coordinación de estos servicios y así asegurar una atención adecuada a las víctimas de actos discriminatorios. El 40% de las entidades no conoce el Estatuto de la Víctima - donde se recogen los derechos que amparan a las personas que sufren cualquier tipo de delitos-. El 35% desconoce los artículos del Código Penal donde se tipifican los delitos motivados por odio y discriminación y menos de un tercio cuenta con profesionales específicos para tratar estas casos.

Marco de seguridad de las víctimas frente a la desconfianza hacia los cuerpos policiales

La desconfianza hacia los cuerpos policiales, motivada por experiencias negativas previas, repercute en la falta de denuncias. Ante esta situación, la función más importante que desarrollan las entidades de atención a las personas es la de proporcionar un espacio de seguridad. Para muchas de ellas, las entidades representan el único espacio donde pueden verbalizar su experiencia sin miedo a ser cuestionadas. Establecer este vínculo de confianza es fundamental para poder hacer un buen acompañamiento y poner en marcha el resto de acciones que aseguren el ejercicio de los derechos de las víctimas.

La capacidad de acción de las entidades y servicios es limitada

La atención a las víctimas requiere una atención integral y multiplicidad de recursos que en Barcelona una sola entidad no puede ofrecer y por lo tanto debe derivar el caso. Esta derivación, dependiendo de la situación, se hace a otra entidad de referencia o bien a instancias policiales o judiciales. La derivación es la acción más común cuando las entidades detectan casos de delitos de odio o discriminación (66,7%). Este dato ilustra que las entidades, generalmente, se centran en la atención psicosocial (50%) y facilitan información básica (47,6%), pero no pueden dar respuesta a todas las necesidades que las víctimas de un delito de odio requiere como es el asesoramiento legal y el acceso a servicios de protección.

Una cobertura legal deficiente y  falta de claridad conceptual (¿libertad de expresión, discurso o delito de odio?)Screen Shot 2018-05-16 at 6.06.53 PM

El Código Penal es el principal mecanismo sancionador de las conductas discriminatorias o motivadas por el odio en el marco legal actual. Aún así, el recorrido de una denuncia por esta vía tiene unas consecuencias a menudo negativas para las personas que han sido víctimas (notablemente la revictimización) y requieren de unos recursos y un acompañamiento que no está al alcance de la mayoría de ellas o que simplemente no ofrecen los servicios para víctimas.

Por otra parte, la redacción del articulado del Código Penal que tipifica el discurso de odio punible o delito de discurso de odio está marcado por la vaguedad en las definiciones y da un amplio margen de interpretación. La falta de una única definición consensuada de delitos de odio y la frontera entre el derecho fundamental de la libertad de expresión y del discurso de odio limitan la capacidad de acción frente a las agresiones y discriminaciones.

De acuerdo con las participantes en el estudio se deberían elaborar leyes específicas para la protección cada colectivo (como las que existen para la violencia machista o para garantizar los derechos de las personas LGTBQI) o bien una ley integral sobre delitos de odio y comportamientos discriminatorios.

Metodología

La investigación ha implicado el uso de los siguientes metodologías de análisis:

- análisis documental
- 2 grupos focales con la participación de un total de 17 representantes de organizaciones de referencia en el ámbito (públicas y privadas)
- 7 entrevistas en profundidad, 2 de ellas con representantes legales y 5 con personas víctimas de agresiones y discriminaciones con motivación de odio
- un trabajo de campo en línea a través del cual se han encuestado 125 entidades y servicios públicos y privados de la ciudad que potencialmente abordan la cuestión de los delitos de odio.

Con el análisis de estas respuestas se ha elaborado el primer Catálogo de Servicios de entidades y administraciones de Barcelona para víctimas de delitos de odio, que recoge un total de 37 organizaciones de referencia en el ámbito.

Marco del estudio

El estudio es parte del proyecto 'Cómo respondemos a los delitos de odio? Análisis situacional, mapeo de servicios para víctimas y herramientas para la intervención' realizado por el IDHC de la mano de Spora Sinergias (autora del estudio), con la colaboración de SOS Racismo Cataluña y la financiación de la Dirección de Derechos de Ciudadanía y Diversidad del Ayuntamiento de Barcelona.

Conductas de protección y de riesgo: La gestión colectiva del consumo de alcohol

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ALLCOOL- Incrementando la concienciación y la investigación-acción de acción sobre el consumo intensivo de alcohol o Heavy Epsiodic Drinking (HED) entre jóvenes con bajos ingresos y jóvenes adultos en paro en el sur de Europa - es un proyecto de investigación-acción donde un consorcio de grupos de interés de 3 países de Europa del sur (Portugal, España e Italia) tienen el objetivo de intervenir en el consumo intensivo de alcohol (HED) entre los jóvenes. Esta investigación pretende aumentar el conocimiento sobre HED, centrándose en las diferencias sociodemográficas.
Esta investigación se ha desarrollado mediante la combinación de metodologías cualitativas y cuantitativas, que incluye 372 cuestionarios y 2 grupos de discusión con jóvenes de 18 a 29 años, así como 1 entrevista grupal a profesionales de la prevención.
En este post, resumimos algunos de los principales resultados relacionados con los comportamientos de protección y riesgo de la juventud de Tarragona (España).
En la investigación se han analizado las conductas de protección, es decir los comportamientos de consumo -tanto individuales como colectivos- que limitan el consumo de alcohol o minimizan las consecuencias negativas a nivel social o de salud.
Los resultados revelan que 8 de las 19 conductas de protección analizadas se llevan a cabo a menudo o siempre por parte de más de más del 50% de los encuestados, mientras que sólo 3 de las conductas de protección analizadas son llevadas a cabo por menos del 35% de las personas encuestadas.
Los comportamientos más frecuentes están orientados a la reducción de daños graves. Por el contrario, los que tienen una frecuencia más baja se relacionan, principalmente, con la limitación de la cantidad de alcohol consumido. Los comportamientos protectores son menos frecuentes entre aquellas personas que manifiestan haber realizado un HED. Los datos muestran que las personas que han completado un episodio HED en dos o menos horas realizan con menos frecuencia todos los comportamientos protectores que aquellos que han tardado más de 2 horas. El grupo que lleva a cabo más prácticas de protección son las mujeres de 24 a 29 años.

Los datos ponen de manifiesto que la posición social no es una variable explicativa de los comportamientos protectores. En cambio, hay diferencias significativas en cuanto a la edad y el sexo. A medida que la edad aumenta, los jóvenes incorporan progresivamente más conductas de protección. Las personas de 24 a 29 años realizan con más frecuencia que las de 18 a 23 años todos los comportamientos protectores (16 puntos porcentuales). Los encuestados indican que, a medida que se han hecho grandes, han ido incorporando algunos de los comportamientos de protección, como beber lentamente o evitar mezclar diferentes tipos de bebidas.

En cuanto al sexo, las mujeres suelen llevar a cabo todos los comportamientos de protección más a menudo que los hombres, independientemente de su posición social o edad (12 puntos porcentuales). Por tanto, el grupo de población que pone en práctica más comportamientos protectores son las mujeres de 24 a 29 años. De hecho, las mujeres llevan a cabo comportamientos protectores en mayor medida a medida que aumenta la edad. En consecuencia, las diferencias entre hombres y mujeres no se reducen con la edad, sino que se amplían.
Una cultura colectiva de consumo: gestión colectiva del consumo de alcohol y consecuencias negativas

Mientras que en las culturas de consumo propias de los países norte-europeos la gestión del consumo de alcohol y sus consecuencias negativas son una responsabilidad individual, en Tarragona, los jóvenes tienden a gestionarlo colectivamente. Así, la responsabilidad no se circunscribe al individuo, sino que recae sobre el grupo de iguales.
Según los datos cuantitativos, tres de las cinco conductas de protección más habituales están relacionadas con el cuidado de los amigos, como por ejemplo asegurarse de ir a casa con un amigo o tener a alguien que avise cuando se ha bebido demasiado. Por lo tanto, los comportamientos protectores más habituales son, en su mayoría, estrategias grupales que permiten a los jóvenes gestionar colectivamente los riesgos del consumo de alcohol. Además de estos comportamientos, los participantes de las entrevistas mencionan muchas otras estrategias que han puesto en práctica para evitar que sus amigos beban demasiado y otros en los que los cuidan cuando éstos ya están bebidos. Por ejemplo, retirándoles la bebida, diciéndoles que no queda, acompañando la persona en su casa, o estando a su lado mientras se recuperan.

Aunque no todas las prácticas de cuidado que realizan son necesariamente adecuadas, el hecho de que la mayoría se realice en grupo indica que hay una lógica colectiva en la cultura de consumo entre los jóvenes. Estos datos muestran que el consumo de alcohol y, específicamente, los comportamientos de protección necesitan de un marco de análisis centrado en el colectivo. Es decir, para entender porqué los jóvenes tienden a llevar a cabo algunas conductas de protección, no debemos centrarnos en las acciones individuales. Las personas no actúan únicamente en función de decisiones racionales individuales, ni consideran cuáles son los beneficios y los riesgos de emprender una acción individual. Por el contrario, actúan en grupo, en el marco de una cultura colectiva de consumo. En consecuencia, la gestión de las consecuencias no recae en el individuo que las padece, sino en el grupo de iguales que asume la responsabilidad. Tener en cuenta la cultura colectiva relacionada con el consumo puede ayudarnos a entender e intervenir en el consumo de alcohol de una manera eficaz y adecuada.

El contexto puede facilitar o dificultar la aparición de conductas de protección
Los comportamientos protectores menos frecuentes están relacionados con la reducción de la cantidad de alcohol consumido. Por ejemplo, alternándolo con agua o con otras bebidas no alcohólicas, o poniendo límites al consumo. Los datos cualitativos revelan que los jóvenes son conscientes de los beneficios y la importancia de estas estrategias de protección. Además, la mayoría de los encuestados afirman que suelen beber agua cuando llegan a casa para no tener resaca. Sin embargo, no es habitual hacerlo mientras están de fiesta. Un factor que puede influir en la baja presencia de este comportamiento son ciertas características materiales y estructurales de los contextos de ocio nocturno, como el elevado precio del agua en las discotecas o la falta de fuentes de agua potable. En consecuencia, en algunos casos, la incorporación de ciertas conductas de protección no tiene que ver con la información disponible y / o la concienciación sobre los beneficios de llevarla a cabo, sino con el marco de oportunidad del entorno en el que se encuentran los jóvenes.