Según datos de la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales (2017), 9 de cada 10 personas que han sufrido agresiones en Europa por motivos de odio o discriminación no denuncian los hechos. En muchos casos, las personas víctimas de delitos de odio y de discriminación no se sienten como tal, no saben que pueden denunciarlo o no se atreven a hacerlo por falta de confianza en las administraciones o los cuerpos policiales. Las que denuncian - cuando lo hacen - sienten que se enfrentan a un elevado coste personal por el hecho de volver a contar y revivir la agresión y a menudo se sienten poco acogidas o incluso desacreditadas por las autoridades.

Estos son algunos datos que se extraen de un estudio elaborado por Spora Sinergias e impulsado por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña (IDHC) que analiza la situación de los servicios que ofrecen entidades y administraciones públicas de Barcelona, ​​investiga cuáles son los obstáculos y necesidades existentes y propone estrategias hacer para ofrecer una mejor respuesta.

Uno de los resultados del estudio es la creación del primer catálogo de 37 organizaciones que atienden a personas víctimas de delitos de odio en la ciudad de Barcelona. 

¿Cómo son los servicios?

Las organizaciones y servicios encuestados atendiendo mayoritariamente a personas en situación de pobreza y exclusión social (40,5%), seguido de las que sufren problemas de salud mental (31%), mujeres (28,6%), personas recién llegadas (26, 2%) y colectivos LGTBQI (21,4%). A pesar de que todas las entidades y servicios analizados intervienen sobre los delitos de odio, sólo un tercio manifiesta que ésta es su tarea principal, el 42,9% manifiesta que esta no es su función, y para 26,2% no es la prioritaria.

Es necesario avanzar hacia la profesionalización y la coordinación

En Barcelona todavía hay camino por recorrer en la profesionalización y la coordinación de estos servicios y así asegurar una atención adecuada a las víctimas de actos discriminatorios. El 40% de las entidades no conoce el Estatuto de la Víctima - donde se recogen los derechos que amparan a las personas que sufren cualquier tipo de delitos-. El 35% desconoce los artículos del Código Penal donde se tipifican los delitos motivados por odio y discriminación y menos de un tercio cuenta con profesionales específicos para tratar estas casos.

Marco de seguridad de las víctimas frente a la desconfianza hacia los cuerpos policiales

La desconfianza hacia los cuerpos policiales, motivada por experiencias negativas previas, repercute en la falta de denuncias. Ante esta situación, la función más importante que desarrollan las entidades de atención a las personas es la de proporcionar un espacio de seguridad. Para muchas de ellas, las entidades representan el único espacio donde pueden verbalizar su experiencia sin miedo a ser cuestionadas. Establecer este vínculo de confianza es fundamental para poder hacer un buen acompañamiento y poner en marcha el resto de acciones que aseguren el ejercicio de los derechos de las víctimas.

La capacidad de acción de las entidades y servicios es limitada

La atención a las víctimas requiere una atención integral y multiplicidad de recursos que en Barcelona una sola entidad no puede ofrecer y por lo tanto debe derivar el caso. Esta derivación, dependiendo de la situación, se hace a otra entidad de referencia o bien a instancias policiales o judiciales. La derivación es la acción más común cuando las entidades detectan casos de delitos de odio o discriminación (66,7%). Este dato ilustra que las entidades, generalmente, se centran en la atención psicosocial (50%) y facilitan información básica (47,6%), pero no pueden dar respuesta a todas las necesidades que las víctimas de un delito de odio requiere como es el asesoramiento legal y el acceso a servicios de protección.

Una cobertura legal deficiente y  falta de claridad conceptual (¿libertad de expresión, discurso o delito de odio?)

El Código Penal es el principal mecanismo sancionador de las conductas discriminatorias o motivadas por el odio en el marco legal actual. Aún así, el recorrido de una denuncia por esta vía tiene unas consecuencias a menudo negativas para las personas que han sido víctimas (notablemente la revictimización) y requieren de unos recursos y un acompañamiento que no está al alcance de la mayoría de ellas o que simplemente no ofrecen los servicios para víctimas.

Por otra parte, la redacción del articulado del Código Penal que tipifica el discurso de odio punible o delito de discurso de odio está marcado por la vaguedad en las definiciones y da un amplio margen de interpretación. La falta de una única definición consensuada de delitos de odio y la frontera entre el derecho fundamental de la libertad de expresión y del discurso de odio limitan la capacidad de acción frente a las agresiones y discriminaciones.

De acuerdo con las participantes en el estudio se deberían elaborar leyes específicas para la protección cada colectivo (como las que existen para la violencia machista o para garantizar los derechos de las personas LGTBQI) o bien una ley integral sobre delitos de odio y comportamientos discriminatorios.

Metodología

La investigación ha implicado el uso de los siguientes metodologías de análisis:

- análisis documental
- 2 grupos focales con la participación de un total de 17 representantes de organizaciones de referencia en el ámbito (públicas y privadas)
- 7 entrevistas en profundidad, 2 de ellas con representantes legales y 5 con personas víctimas de agresiones y discriminaciones con motivación de odio
- un trabajo de campo en línea a través del cual se han encuestado 125 entidades y servicios públicos y privados de la ciudad que potencialmente abordan la cuestión de los delitos de odio.

Con el análisis de estas respuestas se ha elaborado el primer Catálogo de Servicios de entidades y administraciones de Barcelona para víctimas de delitos de odio, que recoge un total de 37 organizaciones de referencia en el ámbito.

Marco del estudio

El estudio es parte del proyecto 'Cómo respondemos a los delitos de odio? Análisis situacional, mapeo de servicios para víctimas y herramientas para la intervención' realizado por el IDHC de la mano de Spora Sinergias (autora del estudio), con la colaboración de SOS Racismo Cataluña y la financiación de la Dirección de Derechos de Ciudadanía y Diversidad del Ayuntamiento de Barcelona.